Fuente: Amnistia.cl
Fotografía de portada: @Mateo Lanzuela ISO50Agency
La intención de las fuerzas de seguridad es clara: dañar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando cada día.
Esta es la conclusión a la que ha llegado Amnistía Internacional tras un riguroso proceso de documentación con entrevistas a víctimas, reuniones con organizaciones de Derechos Humanos, autoridades, visitas a centros asistenciales y la verificación de piezas audiovisuales y fotográficas por un equipo de la organización expertos en verificación digital y uso de armas y municiones.
La escandalosa respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas sociales que comenzaron el 18 de octubre, han dejado ya un saldo de 5 personas muertas a manos de agentes del estado, más de 2300 lesionadas, 220 con trauma ocular severo. Sumado a esto, la Fiscalía ha registrado más de 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes además de, al menos, 70 delitos de carácter sexual cometidos por agentes de seguridad.
En este contexto, Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades a:
1- Cesar la represión de manera urgente, dando órdenes precisas a las fuerzas de seguridad para restringir el uso de la fuerza en línea con los estándares internacionales que rigen la materia.
2- Los órganos de justicia deben investigar las responsabilidades de mando en las violaciones y crímenes de derecho internacional cometidos en el contexto de esta crisis a manos del ejército y carabineros.
3- Se hace urgente una re formulación profunda y seria de la institución de Carabineros de Chile con el objetivo de garantizar el respeto de los derechos humanos en cada una de sus intervenciones.
Asimismo, solicitamos a las autoridades que aseguren que las demandas de la población sean atendidas al tiempo que se generan reformas de orden legislativo y de política pública.
Exige a las autoridades el cese definitivo de la represión, además de asegurar la investigación de las responsabilidades respecto de las graves violaciones de derechos humanos cometidos en el marco de las manifestaciones.
Amnistía Internacional considera que las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país principalmente por parte de Carabineros. El grado de coordinación requerido para sostener la represión violenta de las protestas durante más de un mes conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel, sea porque ordenó o toleró la represión. Tal extremo, naturalmente, debe ser dilucidados por una autoridad judicial independiente e imparcial.
La decisión del presidente Piñera de sacar al Ejército a las calles tras imponer el estado de emergencia tuvo consecuencias catastróficas. Tanto el mando que decidió utilizar al Ejército para el control de manifestaciones con uso de armamento letal, como aquellos oficiales que dispararon contra las personas que se manifestaban, y que les causaron la muerte o hirieron de gravedad, deben ser investigados y, de hallarse pruebas suficientes en su contra, juzgados por un tribunal independiente e imparcial.
Hasta el momento, Amnistía Internacional ha documentado 23 casos de violaciones de derechos humanos en las regiones de Valparaíso, Tarapacá, Bío-Bío, Antofagasta, Coquimbo, Maule y Araucanía, así como en 11 comunas de la Región Metropolitana de Santiago ocurridos entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre. Asimismo, la organización ha obtenido evidencia del uso innecesario y excesivo de la fuerza a través de más de 130 piezas audiovisuales y fotográficas que fueron validadas por su equipo de expertos en verificación digital, armas y municiones.
