El Gobierno enviara al Congreso -con discusión inmediata- el proyecto de Ley que autoriza a las Fuerzas Armadas a resguardar la llamada «infraestructura crítica». Vale decir, los servicios de electricidad y agua potable y las comisarías, por ejemplo. ¿Por qué? El Gobierno quiere que todos los carabineros estén disponibles y enfocados en mantener el orden público. Un proyecto que -en la oposición- genera opiniones divididas. La Subsecretaría de Desarrollo Regional estima que las pérdidas en casi 20 mil millones de pesos a nivel nacional. Y los analistas proyectan que entre 80 mil 300 mil personas podrían perder su trabajo de aquí a fin de año.
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